La planificación familiar es un derecho humano

Foto: UNFPA Perú.

Según el último Censo Nacional (2017), el Perú cuenta con cerca de 31 millones de habitantes, de los cuales el 50,8% son mujeres. Sin embargo, a pesar de que cerca de la mitad de habitantes son mujeres, estas aún no son reconocidas como iguales. La desigualdad de género se refleja en todos los ámbitos, como por ejemplo, la planificación familiar. El acceso a éste es un derecho humano y factor importante para reducir la pobreza, pero también clave para el empoderamiento de la mujer y para disminuir la brecha entre hombres y mujeres.

Entre sus beneficios se encuentran la disminución de embarazos adolescentes, la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), la prevención de riesgos para la salud relacionados con el embarazo y el desarrollo de un mayor poder para tomar decisiones con respecto a sus vidas. No obstante, el Perú es uno de los países latinoamericanos con más bajos niveles de uso de métodos anticonceptivos modernos entre las mujeres unidas.

La planificación familiar es una herramienta crucial para asegurar el bienestar de la mujer. Salva vidas. Actualmente, la tasa de mortalidad materna es de 65 muertes por cada 100 mil partos. Situación que se debe en parte a la falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos, que podrían servir para postergar concepciones hasta que la mujer se encuentre en una situación adecuada en cuanto a economía, educación, pero sobretodo salud. Solo un 54% de peruanas entre 15-49 años utilizan métodos anticonceptivos modernos y, de ese porcentaje, nada más que un 65% se encuentran satisfechas.

La difícil situación que deben vivir las mujeres no solo tiene repercusiones en aquellas que son adultas, sino también en las jóvenes. El embarazo en adolescentes menores de 15 años es una realidad en el Perú. A diario se registran 4 nacimientos de madres menores de 15 años y 11 de madres de 15 años. Solo el 2016, 1545 niñas entre los 14 y 11 años dieron a luz, según datos registrados. El embarazo a corta edad no solo puede limitar las oportunidades de desarrollo de niñas y adolescentes, sino que duplica el riesgo de muerte durante el embarazo y el parto en comparación con una mujer adulta.

Entre las principales causas del embarazo adolescente se encuentran los contextos de pobreza, cuyos porcentajes más altos se ubican en las áreas rurales, incluso llegando a duplicar las cifras de las áreas urbanas; la desigualdad de género; el limitado acceso a la información y educación sexual, que incluso deriva en un segundo embarazo debido a las limitaciones de acceso a servicios de planificación familiar y métodos anticonceptivos modernos; y también la violencia y abuso sexual.

Cuando una adolescente se embaraza, su vida cambia por completo. Hay una disrupción en su vida y proyectos. Esta es obligada a asumir una responsabilidad que aún no le corresponde: la de una persona adulta. Es común que la pobreza y exclusión se transfiera a la siguiente generación, y existe una mayor dificultad para que puedan realizarse profesionalmente.

Para poder enfrentar este gran desafío, es necesario garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud, educación y protección social. A través de estos, nos acercaremos cada vez más a que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos, y a que puedan disfrutar de una vida plena.