Guatemala, El Salvador y Honduras deben elegir sus fiscales generales con justicia y transparencia

Diego García-Sayán (Perú), relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados: ONU/Jean-Marc Ferré Edit

Los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica han sido azotados por una ola de corrupción que ha tenido un impacto enorme sobre su democracia y su desarrollo. La próxima elección de fiscales generales es vital para luchar contra ese flagelo, advierte un relator especial del Consejo de Derechos Humanos.

Un experto de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados ha pedido a los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador que fortalezcan su compromiso en la lucha contra la corrupción.

Para ello, han de garantizar un proceso de selección de sus fiscales generales transparente y justo, ya que “tendrán un papel clave para romper la espiral de violencia”, dice Diego García Sayán.

El experto recalcó que los elegidos además enfrentarán grandes desafíos, tales como las organizaciones criminales transnacionales que operan en el área, la corrupción y la impunidad que impide la seguridad y el desarrollo de estas naciones.

Los tres países que conforman el llamado Triángulo Norte nombrarán nuevos jefes del ministerio público a partir del próximo mes.

El proceso en cada país

En Guatemala se espera que el presidente designe a un nuevo fiscal en mayo de 2018; en Honduras, una junta de nominación debe preseleccionar los candidatos y la elección será en el último trimestre de este año; en el Salvador, la Asamblea Legislativa debe nombrar al Fiscal General entre noviembre de 2018 y enero de 2019.

“Los procesos de selección deben ser inclusivos, transparentes y seguir criterios estrictos, claros y objetivos para evaluar la integridad, idoneidad y competencias de los candidatos. Es crítico que estos procesos de selección se administren con transparencia”, dijo García-Sayán.

El experto recalcó que los nuevos fiscales deben tener un pasado limpio y un alto prestigio en su campo, así como entender la importancia de los esfuerzos anticorrupción y la independencia judicial además de tener un claro compromiso con el fortalecimiento del estado de derecho.

García Sayán dijo además que “es vital que las mujeres y los pueblos indígenas participen plenamente en todo el proceso”, y que los medios de comunicación, los órganos de vigilancia independientes y las organizaciones de la sociedad civil desempeñen una función de supervisión y comunicarse con el público sin temor a represalias.

La corrupción en el Triángulo Norte

La corrupción en el Salvador, Honduras y Guatemala ha tenido un impacto enorme, no solo en la democracia sino también en el desarrollo.

Un estudio hecho en 2016 en las tres naciones y presentado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala reveló que en estos países se ha dado lugar a la “captura del Estado”, que se define como una forma de corrupción en la que grupos legales e ilegales intervienen al formular leyes, decretos y políticas públicas con el fin de obtener ventajas económicas, penales o de legitimación social.

Según la investigación, la legislación desactualizada, la institucionalidad débil, los sistemas electorales y de partidos políticos sin el rigor democrático, el acceso deficiente a la información, la escasa participación ciudadana, los intereses y la impunidad, son algunos de los factores que le han abierto paso a la corrupción.

El Consejo de Derechos Humanos nombra a los relatores especiales de la ONU y expertos independientes para examinar e informar sobre un tema específico de derechos humanos o una situación en el país. Los puestos son honorarios y los expertos no son personal de la ONU, ni reciben un sueldo.