La oficina de derechos de las Naciones Unidas expresa su preocupación por la prohibición de salida de Venezuela a la Fiscal General

Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH). UN Photo

03 de julio, 2017 —  En medio de la violencia actual en Venezuela, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó hoy su preocupación por la decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de la Fiscal General, congelar sus activos y prohibir su salida del país.

“Nos preocupa que las decisiones del Tribunal Supremo pretendan despojar a la Oficina de su mandato y responsabilidades consagrados en la Constitución venezolana, y perjudicar la independencia de la Oficina”, dijo Rupert Colville, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) a los periodistas en Ginebra.

El 28 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió iniciar un proceso de destitución contra la Fiscal General Luisa Ortega, congelar sus activos y prohibir su salida del país. Además, transfirió algunas de las funciones exclusivas, hasta ese entonces, del Fiscal General al Defensor del Pueblo.

El señor Colville dijo que el despido de funcionarios judiciales debe estar sujeto a criterios estrictos “que no perjudiquen el desempeño independiente e imparcial de sus funciones”.

Las Directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales estipulan que los gobiernos deben velar por que los fiscales puedan ejercer su trabajo sin intimidación, hostigamiento o alguna interferencia inadecuada, entre otras cosas.

El ACNUDH señaló que desde marzo, la Fiscal General ha tomado “medidas importantes para defender los derechos humanos, como documentar las muertes durante la ola de manifestaciones, insistir en la necesidad del proceso debido y la importancia de la separación de poderes, además de pedir la libertad inmediata de las personas que han sido detenidas arbitrariamente”.

Según la Fiscalía General de la República, hasta el momento hay 75 muertos y unos 1.419 heridos durante los dos meses de protestas.

El señor Colville instó a “todos los poderes de la República de Venezuela a respetar la Constitución y el Estado de Derecho”. Además, instó al Gobierno a garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica y el derecho a la libertad de opinión y expresión.

“También hacemos un llamamiento a todas las personas en Venezuela a utilizar solo medios pacíficos para hacerse oír e instar a todas las partes a renunciar a la violencia y hostigamiento de los opositores”, continuó.

Traducción no oficial realizada por el Centro de Información de las Naciones Unidas para el Perú.

Lima, julio de 2017