Argentina: Expertos instan a la Corte Suprema a revisar el fallo que liberaría anticipadamente a responsables de atrocidades

Derechos Humanos, Naciones Unidas

16 de junio, 2017 — Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia de Argentina que reconozca la gravedad extrema de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976 a 1983 y la necesidad de que los responsables cumplan las condenas adecuadas por esas atrocidades.

La exhortación se produce cuando la Corte Suprema considera un nuevo fallo en torno al beneficio de una ley conocida como “2×1”, que habilitaba la posibilidad de que los sentenciados por atrocidades accedieran a un código más benigno de cómputo que les permitiría una liberación anticipada.

Los expertos mandaron una comunicación oficial al gobierno argentino en el que subrayan el requisito de asignar penas apropiadas a quienes hayan cometido esos atropellos.

“La liberación anticipada de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad con fundamentos contrarios a estándares internacionales, constituye un agravio a las víctimas,” apunta la misiva.

El pasado 3 mayo, la Corte declaró aplicable la ley “2×1”. Sin embargo, el 12 de mayo, el Congreso adoptó una legislación que establece que el ‘2×1’ no es aplicable a delitos de lesa humanidad. La Corte Suprema debe ahora emitir un nuevo fallo al respecto.

Los expertos aseveraron que reducir la severidad de las penas impuestas, viola los principios que exigen la proporcionalidad de las sanciones y podría generar una situación de impunidad de hecho.

Consideraron también que una ley como la “2×1” socavaría los esfuerzos en favor de la memoria y la reparación de las víctimas.

“No sólo porque estos delitos son particularmente graves, sino también, porque esta decisión ocurre en un contexto donde la lucha contra la impunidad ha sido larga y difícil, y que no sólo en Argentina sino globalmente, está lejos de ser ganada”, concluyeron los expertos.

Del mismo modo, llamaron al gobierno argentino a reducir la demora en los juicios por crímenes de lesa humanidad y a fortalecer las instituciones que dan apoyo a estas causas.