Relator de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas presentó Informe Preliminar

“Una condición necesaria para el desarrollo de la consulta previa es la creación de un ambiente de confianza mutua” – señaló James Anaya

IMG_0045Lima, 13 diciembre, 2013 – El Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, dio a conocer en conferencia de prensa sus observaciones y recomendaciones preliminares tras su visita de siete días al Perú.

 Durante su permanencia en el país mantuvo una serie de reuniones con representantes de Gobierno, a nivel nacional y regional, representantes de los pueblos indígenas, de la sociedad civil, y de empresas privadas, tanto en Lima como en diversas ciudades, localidades y comunidades indígenas en los departamentos de Puno, Cusco y Loreto.

 James Anaya inició su presentación indicando que desde los sucesos de Bagua ha habido avances importantes en materia indígena en el país, incluyendo en relación  con las industrias extractivas. Resaltó que el Perú es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con una ley sobre la consulta con los pueblos indígenas. Sin embargo existen todavía preocupaciones entre algunos representantes indígenas sobre varios aspectos de la ley y su reglamento de 2012 – indicó.

 Al respecto enfatizó que el reto ahora consiste en  asegurar la implementación de la consulta previa de acuerdo a los estándares internacionales relevantes.

 “He constatado que se han dado pasos hacia la implementación de la consulta previa en el país, incluyendo en el contexto de proyectos de industrias extractivas. Sin embargo, estos pasos se encuentran todavía en sus fases incipientes y según lo expresado tanto por representantes del Estado como por parte de los pueblos indígenas, el Gobierno todavía se encuentra en un proceso de construcción de su capacidad para implementar la consulta previa en términos metodológicos, logísticos y presupuestarios” – señaló el Relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas.

 Asimismo indicó que un ejemplo de las varias experiencias negativas con la extracción de recursos naturales en el Perú es la situación de los pueblos indígenas en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. “He podido constatar personalmente los serios problemas ambientales que existen en esta zona a raíz de la actividad petrolera” – mencionó Anaya. Sin embargo indicó también que las practicas del proyecto han mejorado en términos ambientales, dentro de un contexto del desarrollo de estándares progresivamente más fuertes de controles ambientales a nivel nacional para la extracción de los recursos naturales. No obstante, Anaya recordó que recientemente, la empresa Pluspetrol fue multada en relación con la laguna de Shanshococha por haber realizado actividades de remediación sin contar con el permiso correspondiente.

 Al referirse al proyecto Camisea en el Lote 88, indicó que es una buena práctica desde el punto de vista de la preservación de la naturaleza y biodiversidad; sin embargo, otro asunto es el impacto social y humano que pueda tener el proyecto, lo que ha sido sujeto de un amplio debate, especialmente en vista de que aproximadamente el 75% del Lote 88 está dentro de una reserva establecida para proteger los pueblos indígenas Machiguenga, Nahua, Nanti y otros que están en condición de aislamiento voluntario o contacto inicial.  James Anaya recomendó que el Gobierno haga un estudio exhaustivo, con la participación de todos los interesados y expertos competentes acerca de la presencia y las condiciones de los pueblos o agrupaciones indígenas no contactados en el área del Lote 88.

 Por otra parte, James Anaya señaló que comunidades indígenas con las cuales se reunió le informaron que no han participado adecuadamente en las actividades mineras, situación que ha llevado en los últimos años a la oposición a estos proyectos entre varios sectores indígenas, así como en conflictos y protestas que han llegado en algunos casos a la violencia. Indicó también que ha tomado nota de la posición del Ministerio de Energía y Minas de que sí se han llevado a cabo consultas en el contexto de estos proyectos, y por lo tanto continuará examinando estas posiciones divergentes.

 Frente a la existencia en la región andina de personas y grupos indígenas que se dedican a la minería de pequeña escala de manera informal o ilegal, el relator Anaya señaló que estas actividades están siendo desarrolladas con consecuencias devastadoras para el medioambiente, y sin regulación. Al respecto James Anaya indicó “el Gobierno debe renovar esfuerzos para ofrecer a estos mineros un camino hacia la formalización por medio de su registro y a la vez crear incentivos para asegurar su registro”. Indicó que como parte de este proceso, es esencial una mayor presencia del Estado en las zonas donde se desarrolla la minería informal e ilegal y el fortalecimiento del marco regulatorio minero.

En las semanas siguientes, revisará la extensa información recibida con el fin de elaborar un informe sobre los temas estudiados y hacer una serie de recomendaciones. Este informe se hará público y será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2014

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Christian Sanchez; christian.sanchez@unic.org